Mientras gran parte de la industria inmobiliaria se reunía en Barcelona como parte de la primera reunión del distrito, el Ayuntamiento de Barcelona implementó su primera medida coercitiva para comprar vivienda social. Estos son ocho activos a cambio de poco más de dos millones de euros.
En particular, la Comisión de Gobierno de Ayuntamiento de Barcelona En su última reunión aprobó la compra de las primeras plantas del reglamento para destinar el 30% de la obra nueva y grandes reformas a vivienda asequible.
Son ocho pisos en el Distrito de Sant Andreu que pasará a formar parte de la flota de alquiler público de la ciudad. “Tras dos años de excepciones y la pandemia, la medida supone la construcción de 120 viviendas tuteladas”, señala una nota de prensa del consistorio.
Esta primera adquisición fue realizada por la derecho de tanteo del ayuntamiento para comprar vivienda protegida en venta en la ciudad. Consta de ocho plantas de 71 a 89 metros útiles, ocho plazas de aparcamiento y un trastero. El coste total de la compra es de 2.094.730 euros.
El precio es muy cercano a lo que se paga actualmente en la zona. Según la plataforma de big data inmobiliario de bienes raíces del cerebroEl metro en ese distrito concreto de Barcelona cuesta unos 3.000 euros, lo que significa que un piso de 80 metros cuadrados costaría unos 240.000 euros.
Los apartamentos están en uno 27 edificio de apartamentos de la calle Puerto Príncipe, en la zona de Congrés i els Indians, actualmente en proceso de reforma. Se espera que sean Disponible en 2024.
Con el decreto de destinar el 30% de la vivienda de obra nueva y gran rehabilitación a vivienda protegida, se construirán viviendas en los distritos de L’Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. En general son 120 nuevos apartamentos asequibles.
“Tras los dos años de derogaciones y la pandemia, también se han puesto en marcha inspecciones para identificar posibles infracciones, lo que ha permitido por el momento descubrirlas. diecisiete promociones no conformes porque no reservan el 30% de los pisos y que serán sancionados según la ley catalana del derecho a la vivienda”, concluye el ayuntamiento.