El gobierno ha propuesto gravado temporalmente al 4,8% la Intereses y el Comisiones netas de entidades financieras con una facturación de más de 800 millones de euros y con una tasa del 1,2% de las ventas totales de energía que facturan más de 1.000 millones de euros al año, y una sanción para aquellas empresas que remitan el impuesto a los usuarios.
Así se recoge en el proyectos de ley del Ejecutivo presentado este jueves en el Congreso, comenzando por el tratamiento parlamentario de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes empresas financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como de gas y petróleo.
El nuevo El impuesto al sector energético entrará en vigor en 2023 y 2024 y buscará captar 2.000 millones de euros anuales de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
Por su parte, el impuesto “extraordinario y temporal” se dirige a “la grandes instituciones financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de los tipos de interés», ha argumentado el Gobierno, tardará dos años -en 2022 y 2023- y intentará recaudar 1.500 millones cada año.
En la propuesta, el gobierno abordó la posibilidad de que las empresas repercutan el costo del impuesto a los clientes una penalización del 150% del monto transferido al usuario. Que Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sería el organismo encargado de velar por que el impuesto en las empresas energéticas no se repercuta en los clientes; para los bancos, la CNMC debe colaborar con el Banco de España.
Por otro lado, el gobierno no rendirá cuentas de los resultados o cuentas de las filiales de las empresas en el extranjero, aunque así lo ha manifestado. el gasto de este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de sociedades.
Además, en el caso de las empresas energéticas, el ejecutivo dispone que si el negocio energético no alcanza el 50% de la facturación, el grupo económico queda excluido del pago del beneficio sucesorio.