La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha criticado la decisión del Gobierno de congelar las subidas de alquileres en un 2% hasta el primer semestre de 2023. Los propietarios ven en esta ampliación «forzada» un nuevo ejemplo de «intervencionismo en el mercado». lo que “agudizará aún más el problema de abastecimiento que tenemos en España”, critica la directora general de Asval, María Andreu.
Esta medida, que obligará a todos los contratos de arrendamiento que vencen entre enero y junio de 2023 a una prórroga de seis meses, junto con la extensión del límite del 2 por ciento en las actualizaciones de alquileres y la extensión de la suspensión de desahucios, presupone que, según la asociación, «un nuevo ataque al derecho a la propiedad privada por parte de más de dos Millones de propietarios en España, un derecho consagrado en el artículo 33 la Constitución española.«.
Los terratenientes y los grandes fondos creen que con esta decisión el gobierno está poniendo el problema de la vivienda social en manos de los propietarios, responsabilidad de la administración. También hay que tener en cuenta que el 75% de los propietarios son personas con una o dos viviendas que se destinan al alquiler para uso ordinario.
En su opinión, La inseguridad jurídica y la indefensión que provocan estas medidas reducirán la inversión en construcción de viviendas en alquiler y persuadirá a los propietarios para que retiren sus propiedades de este mercado.
“Los colectivos vulnerables, que se dice que están protegidos por estas medidas, serán los más afectados, ya que esta caída de la oferta dificultará aún más el acceso a la vivienda de estas familias”, ha advertido Andreu.
innecesario y contraproducente
La Agencia de Negociación de Alquileres (ANA) también se ha pronunciado en contra de la decisión del gobierno. Consideran la medida «totalmente innecesaria y muy contraproducente» para los propietarios.
El director de la ANA, José Ramón Zurdo, cree que extender esta medida a todos los arrendamientos sin considerar la vulnerabilidad de los inquilinos está desequilibrando el mercado y ha señalado que esta limitación ya tiene sentido Pérdida de 1.800 millones de euros para los propietarios.
«Ahora las pérdidas serán mucho mayores porque los propietarios ya no podrán actualizar sus rentas a precios de mercado y perderán aún más poder adquisitivo», dijo Zurdo, quien recordó que más del 93% de los propietarios son personas físicas y que el dinero para esto no es suficiente, les pagan, lo necesitan para compensar la alta inflación “que también les afecta a ellos”.
Por último, Zurdo cree que estas medidas encaminadas a «sobreproteger» al inquilino acaban provocando una «mala consecuencia» para los inquilinos, haciéndolo difícil para ellos acceso «enorme» a la vivienda de alquiler. “Gracias a estas medidas, cada vez hay menos oferta, a precios más altos y cada vez más exigencias a los inquilinos para acceder a un piso”, denuncia.