El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Urbanismo (Mitma) y la Entidad Pública Económica (Sepes) para construir más de 17.000 viviendas de alquiler social en suelo público.
En concreto, el convenio prevé 17 actuaciones para construir 17.300 viviendas con una aportación de 115,3 millones de euros este año y 260 millones de los presupuestos de 2023.
“El Gobierno está impulsando esta iniciativa para aumentar el parque de viviendas de alquiler social o a precio accesible, favoreciendo así el acceso a una vivienda digna de las familias de menores recursos, principalmente en zonas conflictivas”, dijo el ejecutivo durante la conferencia de prensa siguiendo el consejo de Ministro.
Hasta el momento, Sepes se ha centrado en el desarrollo de espacios comerciales en sus más de 50 años de historia, pero desde esta legislatura, Mitma ha comenzado a encomendar a la empresa la construcción de vivienda social en alquiler a través de la iniciativa pública.
Tal y como explicó el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en un acto organizado por la Fundación Alternativas, “las distintas tareas se han sucedido y ha llegado un momento en el que era lógico y necesario cerrar un acuerdo marco entre ambas Ministerio ya sabéis que el pedido está formalizado y podéis aceptar nuevos pedidos porque estas 17.000 viviendas irán aumentando con el tiempo.
Meta: 100.000 viviendas sociales
Lucas ha incluido estos pedidos en las Políticas de Promoción de la Vivienda Social y Asequible del Departamento, recordando que su objetivo es llegar a las 100.000 unidades de diversas formas, ya sea a través de la iniciativa pública o en colaboración con el sector privado.
Tras señalar que el proceso de construcción es largo y se necesitan «soluciones habitacionales más inmediatas», Lucas señaló que parte de estos departamentos se concertarán con la Caja Social Bancaria, que ya ocupó 11.000 departamentos. Sareb o a través de la cooperación público-privada, para lo que existe un programa en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 que permite a las entidades privadas ceder viviendas a las administraciones.
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