Desde que Ada Colau y En Comú Podem se convirtieron en alcaldes de Barcelona, pocas temporadas de paz ha habido. Una de sus cruzadas particulares se ha centrado en la vivienda, con medidas permanentes de tope de alquileres o, una de las más polémicas, el compromiso de reservar el 30% de los nuevos subsidios para vivienda social.
Como es habitual en estos casos, esta última medida, que entró en vigor en 2018, agradó a diversos sectores de la opinión pública, que la vieron como un intento de dotar de viviendas asequibles a las familias más necesitadas, y enfadó a agentes inmobiliarios e inversores, que advirtió que la norma equivalía a sería una inversión desalentadora. Pero, ¿fue finalmente tan efectivo como la mayoría de los interesados esperaban? ¿Realmente ha alejado a los inversores? Bueno, por desgracia o por suerte, todo el que elige ni lo uno ni lo otro elige.
Veamos primero el texto. Mediante esta ordenanza, el Ayuntamiento obligaba a adjudicar el 30% de las viviendas de nueva construcción en urbanizaciones de más de 600 metros cuadrados de techo construido oa edificar un solar para vivienda catalogada. Esto es aplicable tanto a obra nueva como a reformas integrales. Las viviendas tuteladas estarán sujetas a un régimen general y sujetas al derecho de tanteo y rescisión del Ayuntamiento. Según un comunicado del consistorio de 2018, se calculó que con esta medida el parque de viviendas asequibles crecería en 334 nuevas viviendas anuales, el 30% de las 1.114 viviendas construidas anualmente entre 2008 y 2016.
primera promoción
A noviembre de 2022, sin embargo, no hay 1.002 nuevos albergues oficiales en Barcelona -334 al año desde el 218- sino ocho. Según las primeras informaciones, el Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un contrato con la promotora inmobiliaria Aelca para la venta de ocho unidades del proyecto en construcción en el distrito de Sant Andreu. Ocho pisos de entre 71 y 89 metros cuadrados que compró el consistorio por 250.000 euros en un paquete que supone una inversión total de dos millones de euros.
Según Aelca, La promoción se ofrece desde unos 300.000 euros para los pisos más baratos hasta un precio que ronda los 600.000 para los pisos más caros. En principio, los apartamentos de Port-au-Prince-Strasse 29-35 estarán disponibles a partir de 2024. Traducido, esto significa que una norma que debería crear aproximadamente 334 viviendas por año recibirá las primeras ocho después de seis años de la entrada en vigencia de la norma.
El Ayuntamiento está satisfecho con la compra y dice que «estos apartamentos están ubicados en un barrio que no tiene vivienda pública ni suelo disponible, lo que subraya la importancia de este acuerdo». Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, vendrán más, con promotores privados construyendo en Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí.
Además, Ada Colau y el Ayuntamiento han iniciado la construcción de uno de los proyectos de vivienda protegida más importantes de la ciudad, los dos bloques de Trinitat Vella. Una subvención que está destinada a ofertar 41 pisos en una primera fase, pero que lleva meses en construcción. En la segunda fase, cuando la prisión se derrumbe, se construirán 35 casas más. El trabajo comienza con cinco años de retraso ya que la prisión ha estado cerrada desde 2017.
Las inmobiliarias eluden la norma
Si bien es erróneo que la medida alentara la construcción de viviendas sociales, al menos hasta ahora, años después, también es erróneo el sonoro reclamo de empresarios y empresas de que desincentivaría la inversión.
De hecho, según datos de la consultora CBRE, Las inversiones inmobiliarias en Barcelona ascendieron a 2.005 millones de euros en el primer semestre de este año, una cifra histórica y así superar por primera vez los récords de la burbuja inmobiliaria. Paradójicamente, la inversión ha estado liderada por la inversión residencial y la vivienda en alquiler. Parece que el atractivo de la ciudad eclipsa cualquier ley u ordenanza que impida la utilidad, al menos hasta ahora cuando el ayuntamiento estaba inactivo en una de sus ordenanzas estrella.
Prueba de esta inacción del Consistorio es que aún ahora parece haber estado usando las pilas para saber si había habido algún proyecto en el que se hubiera infringido la normativa. Porque sí, el gobierno de la ciudad no lo ha sacado hasta 2022, pero los patrocinadores que se lo saltaron, al menos 17 según el mismo ayuntamiento, tienen que pagarlo.
Según información inicial, la administración del Ayuntamiento de Barcelona había descubierto 17 asentamientos en los que se había violado el concepto urbanístico de la ciudad mediante engaños. Estos trucos habrían consistido en solicitar múltiples permisos para pequeñas obras en grandes reformas agrarias para evitar solicitar un único permiso que destapara la operación y obligue al traspaso del 30% de las viviendas. El consistorio ha contabilizado los de hasta 17 patios con 222 pisos que han superado la norma, que habría previsto 70 pisos para protección oficial. El ayuntamiento les pidió que subsanen la situación y les imponen una multa de 90.000 a 900.000 euros.
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